Desde el 2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de delitos contra la Hacienda pública y, desde el pasado verano, la ley establece que los programas de prevención de delitos pueden librar a las empresas de ser condenadas.
Por ejemplo, Industrial & Construction Bank Corporation (ICBC) sostiene que los principios de la entidad se basan “en hacer cumplir las leyes contra el blanqueo de dinero de forma estricta”. Por ello, si algún alto directivo del banco fuera condenado, el ICBC correría el riesgo de seguir la misma suerte, a no ser que pudiera demostrar que tiene una buena cultura corporativa de prevención de delitos.
La Fiscalía lo ha recordado también recientemente en una circular, con la que busca unificar criterios ante los procedimientos penales en las empresas: éstas deberán tener un programa completo de prevención de delitos y poder demostrar con hechos que luchan contra cualquier comportamiento sospechoso.
