La adopción, por parte del sistema financiero andorrano, de la ley de Cooperación Internacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, comportará, entre otros, cambios importantes en la operativa de ingreso y retirada de fondos superiores a los 10.000 euros. Estas operaciones requieren ya, desde el 1 de enero del 2016, que sean declaradas en la Aduana andorrana mediante un formulario de declaración de transporte transfronterizo, del que deberán conservar copia.
Esta operativa fue publicada el pasado día 3 de diciembre por la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, un organismo independiente del gobierno del Principado. Así mismo, países como Suiza ya utilizan este procedimiento, que es considerado por el sector financiero andorrano como un paso más en la “normalización”.
Por otra parte, el sistema financiero se recupera también lentamente de la intervención de la Banca Privada d’Andorra (BPA) el pasado mes de marzo por su relación con operaciones de blanqueo de dinero y a instancias del Tesoro de Estados Unidos. La operativa de fondos en la BPA sigue restringida a operaciones por un máximo de 2.500 euros semanales. Y además, el banco andorrano Andbank, el segundo banco del Principado por volumen de activos, está empezando también a limitar las salidas de efectivo de su caja.
Aunque no se puede hablar de ‘corralito’, porque la restricción se aplica bajo tecnicismos, esta operativa denota la tensión que está sufriendo este tipo de banca a raíz de la crisis de BPA.
