Debido a la entrada en vigor de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, todo profesional o voluntario que trabaje con menores debe acreditar que no tiene antecedentes penales por haber cometido delitos sexuales.
La Ley indica que todas aquellas personas que trabajen con niños deben solicitar el certificado de antecedentes penales y presentarlo en su empresa. Esta situación está afectando a miles de profesionales que muestran su descontento con la mecánica para la obtención del mismo. Al solicitarlo presencialmente se crean largas colas en las oficinas de registro de antecedentes penales. Hay otras dos formas para obtener esta certificación: mediante la web del Ministerio de Justicia, para lo que se requiere el documento nacional de identidad digital y también por correo postal por lo que debe compulsarse el DNI, y se tarda entre tres y cuatro meses en recibir el documento.
Además, paralelamente, las organizaciones sindicales han protestado señalando que la presentación de estos papeles inculcaba la privacidad del trabajador al poder conocer la empresa todas las infracciones que hubiere cometido el empleado.
Es por todo ello, y ante las quejas del colectivo profesional, que la Administración se ha comprometido a crear un registro central de delincuentes sexuales que facilitará la expedición de un “certificado negativo de delitos sexuales” que será de fácil expedición y gratuito. Esta novedad la anunció el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de diciembre, y entrará en vigor a principios del mes de marzo, agilizando este trámite obligatorio y protegiendo en mayor medida la privacidad de los profesionales.
