El Ministerio de Hacienda ha anunciado que prevé aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes vinculadas a los sistemas informáticos de facturación, reguladas por el Real Decreto 1007/2023 y conocidas habitualmente como VeriI*factu.
El objetivo es coordinar su calendario con la entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales con una facturación anual de hasta 8 millones de euros.
¿Qué es Veri*factu?
Veri*factu es el marco legal que exige que todo software de facturación genere un registro de:
- emisión inalterable,
- firmado criptográficamente y,
- acompañado de un código QR en cada factura.
Existen dos modalidades principales de funcionamiento:
- Modo Veri*factu (Envío directo): El sistema remite automáticamente los registros de facturación a la Agencia Tributaria (AEAT) en el momento exacto de su expedición. Las facturas emitidas bajo este formato incorporan la etiqueta distintiva de «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT».
- Modo No Veri*factu (Conservación local protegida): El software no envía el dato en tiempo real, pero guarda los registros de forma local mediante firma digital y un hash encadenado que imposibilita la alteración o el borrado posterior de facturas sin dejar rastro.
¿Cómo funciona Veri*factu?
Cuando se emite una factura, el software de facturación genera un registro único de la transacción que contiene todos los datos de la factura, además de un identificador único.
Una vez creado, este registro se envía a la Agencia Tributaria y se genera un código QR para el emisor de la factura, que permite verificar de inmediato que la factura ha sido registrada correctamente en la AEAT, aportando así una capa adicional de transparencia.
En caso de necesitar anular o modificar una factura, el sistema crea un nuevo registro que deja constancia de la anulación o modificación, sin permitir borrar el registro original. Esto garantiza que la información no pueda manipularse sin dejar rastro.
Veri*Factu permite a Hacienda verificar cada factura mediante huellas digitales (hash) y códigos QR. Esto asegura que los documentos no puedan alterarse tras su emisión y que toda transacción sea trazable y segura.
¿Cuándo entra en vigor Veri*factu?
Las entidades que presenten el Impuesto sobre Sociedades deberán tener adaptados sus SIF antes del 1 de enero de 2027. El resto de obligados tributarios, antes del 1 de julio de 2027.
Aunque deberemos seguir de cerca la nota informativa publicada esta semana, con la posibilidad de aplazar la implantación del sistema Veri*factu hasta octubre de 2028, para hacerlo coincidir con la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros.
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¿A quién afecta Veri*factu?
El nuevo sistema Veri*factu afectará a todos los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, tanto si están sujetos a IRPF como si lo están al Impuesto sobre Sociedades, y emitan sus facturas utilizando un software de facturación.
¿En qué se diferencia Veri*factu de la factura digital?
Antes de realizar cualquier acción, es necesario aclarar las diferencias entre Veri*factu y facturación electrónica. Dos exigencias del fisco que van por caminos diferentes.
Veri*factu es un sistema control tributario para reducir el fraude, un ‘software’ para llevar un control y auditoría de las facturas emitidas. De hecho, no cambia la forma de facturar, sino que genera un registro informático que puede ser comprobado por Hacienda.
La facturación digital es la obligación de usar métodos exclusivamente electrónicos para generar una factura, que no podrá ser vía papel.
¿Tienes dudas sobre la obligatoriedad de Veri*factu?
Consecuencias y sanciones por el uso de software no garantizado
Seguir utilizando hojas de cálculo (Excel), procesadores de texto (Word) o programas de gestión no adaptados que tuvieran la condición de softwares de facturación llegada la fecha límite constituye una infracción tributaria grave.
Según el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria, la tenencia o uso de herramientas que no garanticen la inalterabilidad de los datos o permitan llevar contabilidades dobles puede conllevar sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal para la empresa usuaria, elevándose las multas hasta los 150.000 euros para los comercializadores de software no reglamentario.
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