En el 2022 se incorporaron importantes modificaciones en el Derecho Penal empresarial, convirtiendo a las personas jurídicas en sujetos susceptibles de “asumir responsabilidades” por la realización de delitos de las personas física bajo su amparo.
La entrada del Derecho Penal en el ámbito societario y mercantil ha provocado un notable incremento de las posibilidades de que una empresa se viese implicada en un proceso penal con las consecuencias negativas que puede implicar desde aumento de costes, dañar la imagen reputacional, costes operativos, consecuencias negativas para administradores y directivos.
Para una correcta gestión en este aspecto, coge aún más fuerza el disponer por parte de la empresa de unas políticas activas de diligencia en la prevención del delito e implementar sistemas de supervisión y control a través del Corporate Compliance.
La figura del administrador
La Ley de Sociedades de Capital determina que cualquier sociedad de naturaleza mercantil está obligada a disponer de un órgano de administración responsable de su gestión.
El administrador es la persona física o jurídica responsable de gestionar el correcto funcionamiento de una sociedad, así como de representarla en la relación con todos sus públicos: organismos, acreedores, clientes, socios, etc.
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Responsabilidades del administrador
En el ordenamiento jurídico la responsabilidad de los administradores nace de la Ley de Sociedades de Capital y de los estatutos de la sociedad.
Los administradores responden frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores por el daño que causen sus actos u omisiones contrarios a la legislación, los estatutos y los deberes propios del cargo.
Responsabilidades civiles
Este tipo de responsabilidades hace referencia a cuando el administrador debe responder por el daño causado o por incumplimiento a la ley frente a la sociedad, socios y acreedores. Por ejemplo, ante cualquier impago. Cualquier infracción puede llegar a incurrir en delito.
Responsabilidades penales
Se dan cuando hay estafa, alzamiento de bienes o cualquier otro delito. El administrador puede llegar a pagar una multa e incluso pena de prisión, aunque no sea el responsable de lo ocurrido. Dependiendo de cómo sea el delito, la pena puede subir hasta los cuatro años de cárcel (por ejemplo, se da un delito fiscal que sobrepase los 120.000 euros).
Responsabilidades laborales
Estas responsabilidades surgen cuando se ha producido un incumplimiento de continuidad en la sociedad y el papel del administrador no se ha usado como se debía. Aquí se enmarcan los pagos a la seguridad social y la buena marcha de la empresa.
Responsabilidades fiscales
En caso de que la empresa tenga deudas, la Agencia Tributaria tomará al administrador como el principal responsable.
Responsabilidades societarias
Tiene que rendir cuentas sobre todos sus actos ante los socios.
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